lunes, 3 de diciembre de 2012

Declaración de Abran Paso sobre la Ley de Medios, el 7D y la comunicación popular


Desde La Corriente-CEPA UBA/Terciarios/IUNA adherimos a la Declaración de Abran Paso sobre la Ley de Medios, el 7D y la comunicación popular

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Ante el 7D y la falta de implementación de la Ley para los medios populares
Frente a las excepciones del Gobierno a Telefónica y las maniobras de Clarín

ABRAN PASO. PARA UNA COMUNICACIÓN POPULAR


Cada vez somos más los grupos y medios que empujamos una comunicación popular y enfrentamos a los grandes medios y monopolios mediáticos.
Muchos nacimos y nos multiplicamos al calor de la rebelión del 2001. Fuimos perseguidos y acallados por la ley de la dictadura y luchamos por su derogación mientras elaboramos un programa de reivindicaciones de los medios populares. Algunos de esos puntos se logró incluirlos en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Hoy, a 3 años de su aprobación, la agenda del gobierno y de Clarín marcan el 7 de diciembre como una fecha de definiciones.  La agenda de los medios populares manifiesta como pelea fundamental la necesidad de que se cumpla la ley, con un plan técnico que ordene el espectro para implementar el 33% que corresponde a los medios sin fines de lucro.
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¿Qué está en juego el 7D?
El 7 de diciembre dejaría de correr la medida cautelar presentada por el grupo Clarín para evadir lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y tv abierta y de 24 por cable, lo que obligaría a Clarín -por lejos uno de los grupos con mayor cantidad de licencias- a desprenderse de más de 200 medios. A su vez, no solo este grupo debería desinvertir sino que existen una importante cantidad que no cumplen con la reglamentación como el Grupo Telefónica, el Grupo Vila Manzano y el Grupo Prisa, entre otros. Mientras tanto, a contrarreloj, el grupo Clarín continúa con sus maniobras presentando ante la Corte Suprema un pedido de prórroga de la medida cautelar.
Al momento de votarse la ley uno de los principales elementos que sustentaban la idea de avanzar en aspectos democráticos de la comunicación era la posibilidad de que los medios populares y sin fines de lucro ganaran terreno en el espectro, más precisamente un 33%.
En ese sentido, es importante marcar que la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre, tal como la plantea el gobierno, no garantiza de por sí una liberación del espectro que permita avanzar a los medios populares. El presidente de la AFSCA, Martín Sabatella anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades y de esa forma adecuarse a la ley, por lo tanto las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado para que este garantice un destino distinto, sino que serán vendidas/transferidas (entre monopolios mediáticos) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.
A su vez, la falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concursos, no garantiza que se liberen espacios para que los medios populares tengamos acceso a licencias.  Así, sin resolver los modos de distribución del espectro, el Estado llamó a concursos tanto para radios como televisoras, sin realizar la reserva del 33% destinada a las entidades “sin fines de lucro”.
Por otra parte, la persistencia del decreto 527/05, firmado por Néstor Kirchner en 2005 -prorroga 10 años más licencias entregadas desde 1982 a grandes grupos, que vencían indefectiblemente en el año 2007- es aún más grave que la resolución del art.161 de adecuación de inversiones, ya que la permanencia de estos no permite el ingreso de nuevos medios en el espectro.


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Los que avanzaron

Los que sí han avanzado son otros grandes grupos mediáticos. Es llamativo el crecimiento del Grupo Telefónica, muy beneficiado en el proyecto inicial de ley en un artículo que los autorizaba al “triple play”, con el cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque hubo sectores que no estaban dispuestos a apoyar una ley a la medida de las telefónicas. Ahora se pretende exceptuarlo de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar, al igual que Clarin, de acuerdo a la ley aprobada.
Por otro lado vemos cómo a través del Ejecutivo, a pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a licencias para televisión, se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria, beneficiando a sectores ligados al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, entre otros. Mientras, el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, sigue sin ser atendido en sus demandas. Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. De esta forma, en los dos concursos que han salido para televisión digital,  para participar había que pagar pliegos de hasta 140 mil pesos y, peor aún, exigían un pago de 24 mil pesos por mes de canon a la ARSAT, plataforma de transmisión que es una sociedad anónima del Estado.
Al mismo tiempo, en los medios controlados por Sergio Szpolski (Tiempo Argentino y CN23, entre otros), Cristóbal López (C5N), y otros relacionados también con el gobierno, se reproducen  viejas prácticas llevadas adelante históricamente por Clarín, La Nación y Perfil. Sirven como ejemplo de ello la censura en Página 12 al periodista Darío Aranda por señalar la responsabilidad del gobernador oficialista de Santiago del Estero en el asesinato del campesino Cristián Ferreyra, o el propio titular que eligió la agencia Télam para referirse a este mismo hecho.

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En la medida en que se plantean excepciones a grupos como Telefónica, en que las licencias liberadas no serán destinadas al 33% de los medios sin fines de lucro sino que serán vendidas o transferidas entre grandes medios privados que puedan pagarlas, sumado a la ausencia de un Plan Técnico y a la persistencia del decreto 527/05, podemos advertir que el 7D no se juega una verdadera democratización de la comunicación sino más bien una disputa por la hegemonía entre grandes grupos en una pata clave del poder como son los medios de comunicación.
Mientras no se haga efectivo el 33% destinado a los medios sin fines de lucro que establece la Ley, es imposible que se efectivicen las conquistas democráticas.

Por eso exigimos:

- Que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos y esas licencias sean destinadas a los medios sin fines de lucro.

- Que se publique el Plan Técnico y se cumpla con el 33% para los medios sin fines de lucro, distinguiendo dentro de ellos a los medios comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.
- Que nuestros medios sean reconocidos en sus condiciones a través de las siguientes medidas: que se los exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia; contar con un cuerpo de profesionales del Estado para realizar las verificaciones técnicas de equipos (transmisores, antenas, etc.);  que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y/o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión, sin importar su formación.
- Que se democratice la distribución de la pauta publicitaria, destinando un porcentaje a los medios CAP. Plan de recursos y fomento para los medios y los comunicadores populares.

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La Ley de Medios y el 2001

Referirse a la Ley de Medios implica retomar el 2001. Fue ahí cuando surgieron cientos de grupos artísticos y de comunicación popular que generaron herramientas que potenciaron la lucha y desnudaron los intereses expresados por cada uno de los grandes medios de comunicación, sostenes estratégicos de este orden económico social. “Si nos mean, Clarín dice que llueve” se multiplicó en las paredes.  El pueblo empezó a tomar en sus manos muchas de las cosas que antes eran delegadas. En medio de una grave situación económica y social, el 2001 fue fundamentalmente una rebelión de los de abajo que evidenció la crisis de representatividad de los de arriba, incluida la credibilidad de esos grandes medios. A la vez, el 2001 fue también una crisis en la disputa por la hegemonía entre los grupos de poder.
La masacre del Puente Pueyrredón a mediados del 2002 termino de desnudar la hipocresía de los medios (“La crisis causó dos nuevas muertes” tituló Clarin), pero fue al mismo tiempo el punto de inflexión de aquella crisis política: la inviabilidad de lo viejo, pero a la vez la imposibilidad de los sectores populares para imponerse frente a las armas de los comisarios Franchiotti, del Estado, de los que “no se iban a ir”. El kirchnerismo es un producto de este desenlace. Resuelve no el conflicto fundamental en un sentido popular, sino la necesidad de una nueva hegemonía dominante en el poder, reorientando la matriz productiva y de exportación, con eje en la soja, la minería y el petróleo junto al negocio automotriz, manteniendo el marco de la Argentina como país dependiente de las potencias extranjeras. Por eso, inclusive la oposición política promovida hoy, a través de Clarín y La Nación, se ha reducido a su reclamo “institucionalista” y al forcejeo dentro de esta nueva matriz.
La ley de medios, como muchas de las medidas adoptada por el Gobierno Nacional, puede entenderse sobre la base de una dualidad: concesiones a un pueblo que no pudo imponerse en el 2001 pero sigue luchando y, al mismo tiempo, golpes desde el gobierno a sus adversarios en la lucha por la hegemonía en el poder en sus distintos planos: electoral, económico, mediático, judicial, parlamentario, militar, policial, en definitiva político. En la Ley de medios, la nacionalización del 51 % de YPF, los juicios a represores de la dictadura y otras medidas reside esa dualidad.
Hoy en día, en la medida en que crecen el descontento y las luchas frente a la inflación, el impuesto al salario, la tercerización y el trabajo en negro y la lucha frente el avance de la sojización y la megaminería, el gobierno necesita aún más consolidar un grupo de medios que le permita “incidir en la opinión pública”.   

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Abran Paso. Qué hacemos, a dónde vamos.

Abran Paso nace como un proyecto de comunicación popular que tiene objetivos transformadores y que se asume como una parte de los sectores populares que buscan cambios estructurales en el país.
Lo conformamos periodistas, fotógrafos, diseñadores y realizadores audiovisuales interesados  en producir contenidos que le den voz a las expresiones silenciadas por los grandes medios, y trabajamos para potenciar las luchas de nuestro pueblo.
Somos parte de los miles que en el 2001 escracharon en las paredes a los grandes monopolios de la comunicación y que entendemos la necesidad de que se desarrolle y avance en nuestro país una comunicación que ayude a desnaturalizar los mecanismos políticos e ideológicos que sostienen este orden social, desnudando las consecuencias económicas, políticas y culturales de una argentina dependiente, dominada por monopolios imperialistas y la oligarquía terrateniente.
En estas condiciones nuestra práctica se encuentra limitada si queremos dedicarnos a producir contenidos populares ya que todo es cuesta arriba para lo que se realiza fuera del control de los medios, productoras y estudios hegemónicos y su línea editorial.
Hacer comunicación popular implica producir otros contenidos, vinculados a los problemas e intereses de los trabajadores, campesinos pobres, estudiantes y profesionales que nos vemos pisoteados por este sistema. Pero además implica entrelazar nuestra actividad con la lucha de estos sectores, porque sabemos que solo podremos lograr una democratización de la comunicación y un desarrollo pleno de nuestras actividades en la medida en la que nuestro pueblo avance en un proceso emancipador y de liberación nacional y social.
Necesitamos ser miles. Estas invitado.

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